El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, y la presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la mediación de España (GEMME), María Lourdes Arastey, han suscrito este lunes un convenio de colaboración para "desarrollar e impulsar la mediación en España".
La decisión se ha basado en "fomentar la cultura del diálogo y los mecanismos de autocomposición en la administración de justicia, reservando al proceso contencioso aquellos litigios en los que resulte necesaria una decisión de autoridad".
¿Puede ser esto compatible con el artículo 24 C.E.?
Por que, además, cabe presumir que estas mediaciones no van a ser ni un servicio público ni gratuitas, por lo que dudosamente serán voluntarias.
